Comunicado de las entidades empresarias de la provincia de Entre Ríos.
Entre Ríos atraviesa un momento institucional delicado. Por primera vez en su historia, un exgobernador enfrenta un juicio oral acusado de hechos de corrupción. En medio del proceso, el Jurado de Enjuiciamiento decidió abrir un Jury contra la fiscal anticorrupción, a cargo de la acusación en esta causa de gran relevancia institucional. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió además suspender a la fiscal en el cargo durante seis meses y apartar del proceso de enjuiciamiento al Ministerio Público Fiscal, que es el órgano de acusación previsto en la ley.
Las entidades que firman este comunicado ven con preocupación estos acontecimientos, que transmiten un mensaje alarmante a la sociedad entrerriana acerca de la independencia del poder judicial y los riesgos de investigar causas de corrupción que involucran al poder político.
Todas las personas deben responder ante la ley, sin privilegios ni excepciones. Esto alcanza tanto a los gobernadores como al Poder Judicial. Y, por supuesto, a la fiscal anticorrupción. El Jury es el mecanismo previsto en la Constitución Provincial para remover a jueces y fiscales que no cumplen sus funciones como corresponde, pero las decisiones de suspender a la fiscal anticorrupción en su cargo y apartar a todo el Ministerio Público Fiscal de su rol institucional resultan arbitrarias y desproporcionadas. En especial si se tiene en cuenta que el inicio del Jury está vinculado a la causa Contratos, de la que la fiscal ya se excusó y en la que, por lo tanto, ya no tiene participación ni injerencia alguna. Resulta entonces inevitable sospechar una motivación política detrás de estas decisiones.
La investigación de la corrupción debe ser implacable y transparente. La buena salud de las instituciones republicanas depende de que la ciudadanía confíe en que la ley es igual para todos y no existen dispositivos corporativos para proteger a quienes detentan el poder. La suspensión de la fiscal y el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador minan la base de esa confianza y generan dudas sobre la fortaleza de las instituciones para sostener dos pilares fundamentales: evitar la impunidad y garantizar un juicio imparcial y justo.
Las entidades firmantes exhortan tanto al Jurado de Enjuiciamiento como a los jueces de la causa a dar a la ciudadanía entrerriana un mensaje claro que reafirme la fortaleza de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley.
Entidades firmantes:
-Bolsa de Cereales de Entre Ríos
-Bolsa de Comercio de Entre Ríos
-Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos
– Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos
-Consejo Empresario de Entre Ríos
-Corporación para el Desarrollo de Paraná
-Federación Agraria Argentina Filial Entre Ríos
-Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos
-Federación Económica de Entre Ríos
-Federación Entrerriana de Cooperativas
-Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos
-Unión Industrial de Entre Ríos
